POR UN NUNCA MÁS: Por Gabriel Chuquel
El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar integrada por el general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti se hizo cargo del poder en la Argentina. Como consecuencia del golpe de Estado, la dictadura militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983.
La Junta llegó al poder con la justificación de terminar con “los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista, y la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros, de tendencia peronista y el ERP”.
El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de guerrilleros, colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con la subversión y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en aviones de las fuerzas armadas.
El Proceso estuvo encabezado por cuatro juntas militares sucesivas:
• 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
• 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna.
• 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Issac Anaya.
• 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Jorge Hughes.
En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército.
El proceso concentró un poder mayor que cualquier otro gobierno del siglo. Como todo golpe disolvió el Congreso Nacional. La Junta Militar tomó las funciones legislativa, ejecutiva y judicial; estableció la pena de muerte a los condenados por actividades subversivas, la suspensión del Derecho de Huelga, suspensión de las libertades ciudadanas, la disolución de los Partidos Políticos, la anulación de la libertad de prensa y expresión, intervención de los sindicatos obreros y las Universidades, la legislación por decreto y el reemplazo de la Corte Suprema de Justicia. También intervino el gobierno de las provincias, territorios nacionales y organismos públicos a nivel nacional, provincial y municipal.
El número de desaparecidos se estima en 30 mil. Un grupo de madres cuyos hijos habían desaparecido se movilizaron y se las llamó “Madres de Plaza de Mayo”; justamente porque ante la orden de “circular” de parte de los militares recorrían con sus pasos una y otra vez la histórica Plaza de Mayo en círculos. Fueron ellas quienes difundieron las características de la represión en todo el mundo, buscando apoyo internacional y encontrándolo en asociaciones civiles y en la prensa extranjera. Además, entre los desaparecidos se encuentra un número de niños -que se estima entre 250 y 500- los cuales fueron adoptados ilegalmente, luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención.
Para encontrar esos niños –hoy adolescentes- nació la organización denominada “Abuelas de Plaza de Mayo” que se dedica a localizarlos, y hasta ahora ha encontrado a 85 nietos secuestrados por la dictadura.
Los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura militar de 1976-1983 se encontraban en: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garaje Olimpo, entre los más conocidos en la Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla. En la Provincia de Córdoba: Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y en Corrientes: Santa Catalina.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –CoNaDeP- y toda la investigación volcada en el libro “Nunca Más”. Por estos crímenes, las tres juntas militares que gobernaron entre 1976-1983 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1984. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en la Argentina como en otros países.
EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA
Las protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas jaqueó al autodenominado Proceso, el que cayó finalmente en 1983, viéndose obligado a llamar a elecciones, Bignone, el último líder de la Junta Militar. El 10 de octubre Raúl Alfonsín vence con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia.
Apenas asumida la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (1983-1989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos entre 1976-1983. Su investigación, plasmada en el libro “Nunca Más” fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984.
El gobierno de Alfonsín ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a severas penas corporales por delitos de lesa humanidad. Se enjuició a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes.
Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el código penal vigente en la república desde 1922. (Tribunales comunes para ciudadanos comunes)
Este fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyeran en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad.
Búsquenme me encontraran en el pis de la LIBERTAD
POR UN NUNCA MÁS TODOS JUNTOS.
ARGENTINA NUESTRO PAÍS
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